La aparición de un lote de joyas de elevado valor en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación conocida como caso Plus Ultra, ha reabierto una pregunta que rara vez ocupa titulares: ¿qué puede hacer un presidente del Gobierno —o un expresidente— con los regalos que recibe de otros jefes de Estado o de autoridades extranjeras? A ello se suma una novedad procesal relevante: el instructor de la causa ha ofrecido a la Agencia Tributaria personarse como posible perjudicada en la pieza separada abierta por estos hechos. Este artículo repasa el marco normativo aplicable y explica el alcance de esa personación.

1. El régimen legal de los regalos institucionales en España

España no cuenta con una ley única y exhaustiva sobre regalos a autoridades, sino con una regulación construida por capas sucesivas desde 2005, que los propios expertos consultados por la prensa especializada califican de «escueta» y basada en conceptos jurídicos indeterminados.

1.1. Los hitos normativos

• Código de Buen Gobierno (2005): primer texto que abordó la cuestión. Prohibía a los miembros del Gobierno y altos cargos aceptar regalos que excedieran los usos sociales o de cortesía y ordenaba incorporar al patrimonio del Estado los obsequios de mayor relevancia institucional. Carecía, sin embargo, de rango de ley.
• Ley 5/2006, de conflictos de intereses: reguló situaciones de conflicto de los altos cargos, aunque sin detallar el régimen de los regalos.
• Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: es hoy la norma de referencia. Su artículo 26 establece que los altos cargos no pueden aceptar para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas capaces de condicionar el ejercicio de sus funciones. Los obsequios de mayor relevancia institucional deben incorporarse al patrimonio de la Administración correspondiente.
• Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo: consolida estas obligaciones, si bien —como señalan los especialistas— no fija cuantías ni criterios propios, sino que remite de forma genérica a la Ley de Transparencia de 2013.

Ninguna de estas normas menciona de forma expresa al presidente del Gobierno como figura diferenciada: todas ellas hablan, en términos generales, de "miembros del Gobierno y altos cargos", categoría en la que el presidente queda comprendido mientras ejerce el cargo.

1.2. La ausencia de un umbral económico

A diferencia de otros países —Alemania prohíbe prácticamente cualquier obsequio ligado al cargo, y en Bélgica los regalos que no puedan rechazarse por motivos diplomáticos deben donarse a una entidad benéfica—, la normativa española no fija una cifra concreta que separe el detalle protocolario del regalo prohibido. Se maneja en su lugar la llamada "cláusula de adecuación social": el valor, el donante, el contexto y el destino final del objeto son los criterios que permiten calificar cada caso. Esta indeterminación ofrece flexibilidad para valorar cada situación, pero también un margen de interpretación considerable a quien recibe el obsequio.

1.3. La frontera penal

Cuando el regalo se vincula al ejercicio del cargo y excede la cortesía institucional, el asunto puede trascender el ámbito administrativo y entrar en el Código Penal. El artículo 422 castiga a la autoridad o funcionario que reciba dádivas por razón de su función; junto a él pueden entrar en juego el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación o, como ocurre en el caso analizado, los delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando, si los bienes no fueron declarados a efectos fiscales o aduaneros.

1.4. ¿Y los expresidentes?

El Estatuto de los Expresidentes del Gobierno, vigente desde 1992, no regula esta materia. Superado el periodo de incompatibilidades posterior al cese, un expresidente recupera en gran medida su condición de particular: puede recibir regalos privados, adquirir bienes o heredar patrimonio como cualquier ciudadano. Ahora bien, esa normalización civil no es retroactiva ni absoluta: si un objeto tenía carácter institucional en el momento de su entrega —esto es, si fue recibido por razón del cargo mientras se ejercía—, no pasa a integrarse en el patrimonio personal del expresidente por el simple transcurso del tiempo, y una eventual responsabilidad penal o tributaria generada durante el mandato no desaparece por el cese, sin perjuicio de que deban analizarse los plazos de prescripción aplicables.

2. El caso Zapatero: qué se investiga y por qué

En el marco del caso Plus Ultra —donde se investiga si Zapatero influyó en la concesión de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra—, el hallazgo de un conjunto de joyas de gran valor en su despacho ha dado lugar a una pieza separada, sin conexión directa con la investigación principal. El instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga en esa pieza si los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando.

Según consta en las actuaciones, la secretaria del expresidente atribuyó el origen de las joyas a una herencia familiar de su esposa, Sonsoles Espinosa, y a regalos recibidos durante viajes oficiales. La defensa del expresidente ha apuntado, según fuentes citadas por la prensa, que se trataría de obsequios institucionales de países y de bienes familiares, si bien reconoce dificultades para localizar la documentación que acreditaría su origen y trazabilidad. La tasación pericial sitúa el valor conjunto de las piezas en más de un millón de euros.

El punto jurídicamente decisivo —del que dependerá en buena medida la calificación de los hechos— es determinar si los bienes proceden de la etapa de Zapatero como presidente del Gobierno (2004-2011), lo que abriría la vía de la prescripción de los delitos, o si su origen es posterior o distinto.

3. La personación de Hacienda como "potencial perjudicada": qué significa y qué puede aportar

Mediante auto, el juez Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse en esta pieza separada, al entender que los hechos investigados podrían revelar un perjuicio patrimonial conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria. En el mismo auto se ha rechazado, por el contrario, la personación de la sociedad Softgestor, al no apreciarse conexión material entre su posición procesal y los hechos examinados.

3.1. Efectos procesales de la personación

• Legitimación activa: la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, quedaría habilitada para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes en la causa, con la condición de acusación particular o perjudicado, según se articule.
• Acceso a las actuaciones: podría examinar el expediente, proponer diligencias de investigación, aportar informes periciales propios (por ejemplo, sobre la valoración fiscal de los bienes) e intervenir en los interrogatorios.
• Responsabilidad civil derivada del delito: de acreditarse el delito contra la Hacienda Pública, Hacienda podría reclamar, dentro del propio proceso penal, la cuota tributaria no ingresada, los intereses de demora y las sanciones que correspondan, sin necesidad de acudir a un procedimiento tributario separado.
• Participación en el juicio oral: si la causa llega a esta fase, la Agencia Tributaria podría formular su propio escrito de acusación y participar activamente en el debate probatorio.

3.2. Lo que la personación no implica

La resolución del juez no supone una condena anticipada ni prejuzga los hechos: se trata de una decisión procesal que habilita a Hacienda a intervenir si así lo decide, condicionada, según el propio auto, a que llegue a acreditarse que el expresidente no tributó por estos bienes. Debe recordarse que toda persona investigada goza de presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme, y que la instrucción se encuentra en una fase en la que los hechos están todavía por esclarecer, incluida la cuestión —jurídicamente central— de si los bienes proceden o no de su etapa como presidente del Gobierno.

4. Conclusión

El caso pone en evidencia una tensión estructural del ordenamiento español: la existencia de principios generales claros —los regalos institucionales de relevancia no pueden quedar en el patrimonio personal de quien los recibe por razón del cargo— conviviendo con una regulación dispersa, sin cuantías objetivas ni un registro público único y consultable de obsequios recibidos por los más altos cargos del Estado. La personación de la Agencia Tributaria en la pieza separada del caso Plus Ultra no determina por sí sola el resultado de la investigación, pero sí amplía de forma notable las herramientas procesales disponibles para esclarecer si, en este caso concreto, se produjo o no un perjuicio a la Hacienda Pública.

Leticia González, Abogada Procesal en CASADELEY