En el desarrollo de la relación laboral, no es extraño que las empresas necesiten reorganizar sus equipos, redistribuir tareas o adaptar las funciones de su plantilla a nuevas necesidades productivas u organizativas. Sin embargo, ¿puede la empresa modificar libremente las funciones que viene desempeñando una persona trabajadora? ¿Es posible encomendarle tareas de un grupo profesional distinto o asignarle responsabilidades superiores o inferiores a las habituales?
La respuesta se encuentra principalmente en la figura de la movilidad funcional, regulada en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que reconoce a la empresa determinadas facultades de organización y dirección, aunque sujetas a límites legales y convencionales.
¿Qué se entiende por movilidad funcional?
La movilidad funcional consiste en la facultad empresarial de modificar las funciones que desempeña una persona trabajadora, asignándole tareas diferentes de las que venía realizando, dentro de los límites establecidos legalmente.
Esta facultad se encuentra vinculada al poder de dirección empresarial, reconocido en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a la empresa organizar y dirigir la actividad laboral. No obstante, no se trata de una potestad ilimitada: debe ejercerse respetando la clasificación profesional, las titulaciones exigibles, la dignidad de la persona trabajadora y las previsiones del convenio colectivo aplicable.
A estos efectos, resulta importante tener en cuenta la reforma del sistema de clasificación profesional introducida por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, que sustituyó el sistema basado en categorías profesionales por el de grupos profesionales, actualmente recogido en el artículo 22 ET.
Por tanto, para determinar si una empresa puede encomendar nuevas funciones, no basta con atender a la denominación del puesto de trabajo, sino que resulta necesario analizar el grupo profesional asignado, las funciones que lo integran y las previsiones del convenio colectivo.
¿Puede la empresa asignar funciones distintas dentro del mismo grupo profesional?
Con carácter general, sí.
El artículo 39.1 del Estatuto de los Trabajadores permite la movilidad funcional dentro del grupo profesional, siempre que se respeten las titulaciones académicas o profesionales necesarias para desarrollar las nuevas funciones y la dignidad de la persona trabajadora.
Esto significa que la empresa puede redistribuir tareas o encomendar funciones diferentes de las habituales cuando estas se encuentren comprendidas dentro del ámbito funcional del grupo profesional correspondiente.
Por ejemplo, una persona trabajadora que desempeña funciones administrativas podría asumir nuevas tareas de gestión documental, atención a proveedores o apoyo en determinadas labores de organización, siempre que estas resulten compatibles con su grupo profesional y con el sistema de clasificación establecido en el convenio colectivo.
En estos supuestos, no será necesario acudir al procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 ET por el mero hecho de que cambien las tareas concretas.
Ahora bien, que las nuevas funciones pertenezcan al mismo grupo profesional no significa que la empresa pueda encomendar cualquier actividad. Será necesario valorar su naturaleza, el nivel de cualificación exigido, las funciones realmente desarrolladas y los límites establecidos convencionalmente.
¿Y si las nuevas funciones son de un grupo profesional superior o inferior?
La situación cambia cuando la empresa pretende encomendar funciones que no corresponden al grupo profesional de la persona trabajadora.
En estos casos, el artículo 39.2 ET permite la movilidad funcional ascendente o descendente, pero exige el cumplimiento de determinados requisitos:
- Existencia de razones técnicas u organizativas que justifiquen la asignación de funciones distintas.
- Carácter temporal de la medida, que deberá mantenerse únicamente durante el tiempo imprescindible para atender la necesidad que la justifica.
- Comunicación a la representación legal de las personas trabajadoras, tanto de la decisión empresarial como de las razones que la motivan.
Por tanto, no sería suficiente invocar genéricamente las necesidades organizativas de la empresa: deberá existir una justificación real que permita fundamentar la decisión.
Además, deben distinguirse las consecuencias de asignar funciones superiores o inferiores.
En el caso de funciones superiores, la persona trabajadora tendrá derecho a percibir la retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas. Asimismo, cuando las desempeñe durante un periodo superior a seis meses en un año u ocho meses en dos años, podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en el convenio colectivo, o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente, conforme a las reglas de ascenso aplicables. En caso de discrepancia, podrá reclamar ante la jurisdicción social, previo informe de la representación legal de las personas trabajadoras.
Es importante destacar que el desempeño de funciones superiores no supone, por sí solo, un ascenso automático, sino que deberán respetarse las condiciones y procedimientos establecidos legal y convencionalmente.
En el caso de funciones inferiores, la asignación deberá responder igualmente a razones técnicas u organizativas y limitarse al tiempo imprescindible. En todo caso, la persona trabajadora conservará la retribución correspondiente a su grupo profesional de origen.
¿Cuándo deja de ser movilidad funcional y pasa a ser una modificación sustancial?
Este es uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la gestión empresarial.
El artículo 39.4 ET establece que cualquier cambio de funciones que no se encuentre comprendido en los supuestos de movilidad funcional anteriormente expuestos requerirá el acuerdo entre las partes o, en su defecto, deberá tramitarse conforme a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo del artículo 41 ET.
Así, cuando el cambio funcional exceda de los límites del artículo 39 ET, la empresa deberá acreditar la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen la medida.
Además, deberá respetar el procedimiento legalmente establecido, que variará en función de si la modificación tiene carácter individual o colectivo.
En las modificaciones individuales, la decisión deberá notificarse a la persona trabajadora afectada y a su representación legal con una antelación mínima de quince días a su efectividad.
Por su parte, cuando la modificación tenga carácter colectivo, será necesario abrir un periodo de consultas con la representación legal de las personas trabajadoras, con una duración no superior a quince días.
Es importante recordar que el artículo 41.3 ET contempla también la posibilidad de que la persona trabajadora perjudicada por determinadas modificaciones sustanciales, entre ellas las relativas a las funciones que excedan de los límites del artículo 39, pueda solicitar la extinción de su contrato con derecho a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de nueve mensualidades, siempre que concurran los requisitos legalmente previstos.
¿Qué límites debe respetar la empresa?
Aunque la movilidad funcional constituye una herramienta legítima de organización empresarial, su ejercicio debe respetar determinadas garantías.
Entre ellas, destacan las siguientes:
- La dignidad de la persona trabajadora: no pueden asignarse funciones que supongan un menoscabo de su dignidad profesional o personal.
- La titulación y cualificación profesional: las nuevas tareas deberán poder desarrollarse conforme a las titulaciones académicas o profesionales exigibles.
- La clasificación profesional: deberá respetarse el grupo profesional y las funciones que lo integran, de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.
- La retribución: deberá abonarse la correspondiente a las funciones efectivamente realizadas cuando se trate de funciones superiores, manteniéndose la retribución de origen cuando se encomienden funciones inferiores.
- La justificación y temporalidad: cuando se trate de funciones ajenas al grupo profesional, deberán existir razones técnicas u organizativas y la medida deberá limitarse al tiempo imprescindible.
En este sentido, resulta especialmente interesante la reciente Sentencia del Tribunal Supremo núm. 652/2026, de 9 de julio (rec. 269/2025), que analiza los límites de la movilidad funcional en relación con la asignación de tareas de limpieza de baños y zonas comunes a determinadas personas trabajadoras de supermercados.
En concreto, el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso planteado y reconoció el derecho de determinadas personas trabajadoras del grupo III de Mercartabria, sujetas al Convenio Colectivo de Comercio de Alimentación de A Coruña, a no realizar estas tareas de limpieza, al considerar que no estaban comprendidas en las funciones propias de su grupo profesional, atendiendo a la especialización, iniciativa y conocimientos técnicos exigidos por su actividad.
No obstante, el pronunciamiento no se extendió a la totalidad del personal incluido en dicho grupo profesional, sino que distinguió entre las funciones y responsabilidades efectivamente desempeñadas por los distintos colectivos. Asimismo, el Tribunal Supremo descartó que en el supuesto analizado existiera una vulneración de la dignidad de las personas trabajadoras o una situación discriminatoria.
Esta resolución pone de manifiesto que la movilidad funcional dentro de un mismo grupo profesional tampoco ampara cualquier redistribución de tareas, siendo necesario atender a su contenido real y a las previsiones de la clasificación profesional establecida en el convenio colectivo aplicable.
¿Qué debe tener en cuenta la empresa antes de modificar las funciones?
Antes de adoptar una decisión de movilidad funcional, resulta recomendable que la empresa analice las siguientes cuestiones:
- Revisar el contrato de trabajo y el grupo profesional asignado a la persona trabajadora.
- Comprobar las funciones comprendidas en dicho grupo profesional conforme al convenio colectivo aplicable.
- Determinar si las nuevas tareas se encuentran dentro del mismo grupo profesional o si implican funciones superiores o inferiores.
- Si las funciones exceden del grupo profesional, identificar y documentar las razones técnicas u organizativas que justifican la medida, así como su duración.
- Valorar si el cambio excede de los límites del artículo 39 ET y, por tanto, requiere acudir al procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 ET.
Conclusión
La empresa dispone de un margen de actuación para adaptar y reorganizar las funciones de su plantilla en función de sus necesidades productivas y organizativas. Sin embargo, esta facultad no permite modificar unilateralmente y sin límites el contenido de la prestación laboral.
La clave estará en determinar si las nuevas funciones se encuentran comprendidas dentro del grupo profesional de la persona trabajadora, si responden a una necesidad empresarial justificada y si se respetan las garantías legales y convencionales.
Por ello, antes de encomendar nuevas funciones o modificar las responsabilidades de una persona trabajadora, resulta fundamental analizar el alcance de la medida y determinar si puede articularse mediante movilidad funcional o si, por el contrario, exige acudir al procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo.


